Organizaciones, plataformas, redes y colectivos de Sociedad Civil exponemos que la Política es nociva para las/os ciudadanas/os guatemaltecas/os, al estar planteada desde la concepción de un tipo de familia de corte conservadora y no desde la visión integral de Derechos Humanos, mismos que deben ser garantizados progresivamente y no regresivos para las personas en Guatemala.
Esta política propone proyectos, programas y acciones que burocratizarán la institucionalidad y duplicarán las funciones de las Entidades Públicas; disminuirá los presupuestos y aumentará alarmantemente los casos de violaciones sexuales e índices de embarazos en niñas y adolescentes; suprimiendo el bienestar general de la población, como la protección y atención integral a personas adultas mayores, con discapacidad, trabajadoras no remuneradas, con escaso acceso a salud, educación y desarrollo integral, reduciendo la atención y servicios en los programas que se implementan en los Ministerios de Salud, Educación, Desarrollo, Seguridad Alimentaria, entre otros.
Lejos de fomentar principios democráticos, de libertad y de derechos humanos:
Discrimina, invisibiliza y violenta los derechos humanos de todas las familias, haciendo un uso sesgado del derecho a "la vida humana", plasmado en el artículo 3 de la Constitución de la República de Guatemala.
·Vulnera los derechos a la igualdad, a la protección de la familia, a la educación integral en sexualidad, a las libertades, al interés superior del niño y niña, así como a la dignidad y libertad de acción.
Omite la prioridad de derechos humanos superiores de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres, como actoras fundamentales de derechos reproductivos,
Obvia las problemáticas centrales como violencia contra las niñas y mujeres, embarazos en niñas y adolescentes, uniones y matrimonios forzados, migración irregular de jóvenes, entre otros; que incluso provoca que abandonen sus proyectos de vida.
Asigna la responsabilidad de educación sexual a las madres y padres o tutores, cuando las niñas y mujeres viven en riesgo, según el INE en 2019, el 85% de los casos, las agresiones fueron perpetradas en una relación íntima (conviviente, esposo, excónyuge, novio) o por un familiar.
Restringe derechos individuales y colectivos de la población guatemalteca e incluso desde la conformación de familias desde los pueblos originarios en todas sus formas de organizaciones como diversas familias que van más allá de las nucleares.
Contradice lo establecido en la Constitución de la República y el marco legislativo, puesto que los derechos humanos son progresivos, y El Estado de Guatemala no puede ni debe retroceder en éstos.
Por lo anterior, rechazamos la Política Pública de Protección a la vida y la institucionalidad de la familia y presentamos ante la Corte de Constitucionalidad, una acción legal para suprimir dicha política; con la firme convicción que esta nueva política no debe ser utilizada por el gobierno en crisis por sus mediocres acciones con el discurso de garantizar el bien de la población, ni mucho menos instrumentos de represión y restricción de derechos ganados.
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